Con el Estado como líder en materia de políticas públicas, se deben gestionar cambios en el comportamiento individual y cultural, para así tener resultados de impacto que alcancen a todas las niñas. 

 

Con una trayectoria profesional centrada en la promoción y defensa de los Derechos de niños,

niñas y adolescentes, y teniendo como foco principal la prevención de la violencia contra la niñez, Alba Rodríguez, llega a la República Dominicana en el año 2006, luego de haber trabajado en Organismos Internacionales como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo a Desastres, además de como consultora para organizaciones como Cruz Roja, Oxfam, Plan Internacional, Cáritas o Visión Mundial, en distintos países como España, Marruecos, Guatemala y Haití.

 

Alba afirma que se siente una persona muy afortunada “porque desde que soy muy pequeña sentí que quería  aportar, aunque sea un granito de arena, a que el mundo fuera un lugar más justo y digno para todas las personas. Mi carrera profesional desde que terminé la Universidad siempre ha estado vinculada a organizaciones no gubernamentales o agencias de cooperación por lo que cada día a nivel personal y profesional lo vivo con ilusión y motivación de seguir construyendo iniciativas y proyectos que puedan aportar, en este caso a la vida de los niños y niñas en República Dominicana”. 

Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco

(España) y la Universidad degli Studi di Bologna (Italia), cuenta además con un máster en Análisis de la Agenda Global para la Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco, así como especializaciones en Gestión de Proyectos por la Universidad de Granada y en Desarrollo Humano por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 

Desde el 2015 funge como Directora Ejecutiva de Save the Children República Dominicana, organización no gubernamental con más de 40 años de presencia en el país ejecutando programas de salud, educación, protección frente a violencia, gobernabilidad y emergencias en 11 provincias.

 

Todos los programas de esta organización en el país tienen como eje transversal el género, la interculturalidad y la incapacidad. 

 

Ha sido una experiencia muy desafiante, pero con muchos logros que nos hacen sentir muy orgullosos. También con derrotas y frustraciones, pero hemos aprendido a convertirlas en oportunidades para abrir nuevos espacios de trabajo o nuevas relaciones y alianzas. 

 

El mayor aprendizaje ha sido entender que existe una fuerte desconexión entre lo individual y lo colectivo, y cómo los niños y niñas en ese escenario carecen de protección suficiente porque se relaciona solo el rol que tiene la familia. A partir de ese aprendizaje hemos ido construyendo pequeñas respuestas que vayan generando la percepción y la conciencia de que niños y niñas deben ser protegidos por toda la sociedad en su conjunto.

 

 

El mayor reto ha sido, y es, seguir movilizando al mayor número de personas posibles en el país a favor de la protección de los niños y niñas, porque cambiar comportamientos individuales y culturales que reproducen o invisibilizan la violencia hacia niños y niñas pasa necesariamente porque todos y cada uno de nosotros seamos voces de cambio en cada uno de nuestros espacios de vida desde lo individual a lo colectivo.

 

 

En el mes de diciembre del 2023 firmamos un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privadas y el Fideicomiso ProPerdernales para trabajar conjuntamente en el desarrollo de una intervención en la zona de Pedernales que integre, desde la fase de desarrollo turístico, la protección de la niñez frente a la explotación sexual comercial de niños y niñas. Una iniciativa que representa la primera experiencia de este tipo en el país y una oportunidad para que la prevención se convierta en el eje de la lucha contra este delito. Esto se suma durante este 2024 a iniciativas nuevas que vamos a desarrollar en Dajabón y a las que tenemos en el este y la zona norte. 

 

 

 

Sin duda el periodo de 2019 a 2021 supuso un cambio no solo en materia legislativa sino de concienciación y movilización social. Se logró, incluso en tiempos de pandemia, colocar en el debate público la realidad del matrimonio infantil y las uniones tempranas, se movilizaron autoridades, empresarios, líderes de opinión, representantes de la cultura y el arte, legisladores y a la población en su conjunto, y esto supuso una progresiva toma de conciencia sobre una realidad invisible y la existencia de una legislación permisiva. El hito llegó en el 2021 con la promulgación de la ley 1-21 que prohibía el matrimonio infantil (hasta ese momento permitido en el Código Civil). Esto no ha supuesto la eliminación de las uniones tempranas, pero sí el desarrollo de políticas públicas y, muy particularmente, de un imaginario colectivo que rechaza y denuncia estas uniones.  

 

 

La brecha de género y la desigualdad asociada a esta, es producto de una cultura construida socialmente cuya transformación pasa por el desarrollo de un modelo de igualdad y de equilibrio de poderes en niveles distintos, desde el Estado a la sociedad, en términos individuales y colectivos. Una niña en condiciones vulnerables ya parte de un desequilibrio en términos socio-económicos y, además, se encuentra inmersa dentro de una estructura socio- cultural de desigualdad de género, vencer estas brechas de manera individual puede suceder, pero representa casos anecdóticos, que dependen de elementos propios y hasta fortuitos. Para que se logre vencer las brechas de género los esfuerzos son y deben ser colectivos, con el Estado como líder en materia de políticas públicas, y así tener resultados de impacto que alcancen a todas las niñas. 

 

 

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en materia de Violencia basada en Género y en el liderazgo de las mujeres en espacios que han sido tradicionalmente reservados solo para los hombres, las próximas generaciones de mujeres deben tomar ese relevo y no dejar nunca que volvamos atrás en el tiempo.