Max Puig, licenciado en Derecho y Sociología, con estudios de doctorado en Derecho Público y en Ciencias Políticas en la Universidad de París, lleva más de tres décadas sirviendo al sector público y ha ocupado posiciones como: Senador de su provincia natal, Puerto Plata; Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo en 1996, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde 2004 hasta 2007; y Ministro de Trabajo de 2008 a 2011.

Fue designado vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio en 2020, y desde este despacho lleva una labor neurálgica para el desarrollo sostenible de República Dominicana.

Conscientes de que las acciones de adaptación al cambio climático deben ser incluidas con carácter de urgencia en todos los ámbitos de la sociedad, los proyectos llevados por Puig desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático conllevan una gran coordinación interinstitucional, ya que “el cambio climático repercute sobre todos los elementos del desarrollo nacional. Esto implica la sensibilización de actores sociales clave, como de las autoridades y los ciudadanos, lo que permite tomar en cuenta los intereses y puntos de vista de cada sector”, afirma.

¿Cuál es el rol de las comunidades y de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático? 

República Dominicana ha asumido compromisos como firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Esta posición del Estado dominicano se transfiere a los ayuntamientos, como representantes del gobierno a nivel local. La administración municipal es la más próxima a las comunidades y, por lo tanto, la más cercana a sus necesidades. Los municipios están llamados a realizar una gestión que atienda las demandas de la población, mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, aborde las problemáticas ambientales y aquellas generadas por el clima, por ejemplo, inundaciones y daños a las infraestructuras. 

Las respuestas a los distintos desafíos deben darse a través de un proceso de planificación participativo, que propicie el involucramiento de las personas y organizaciones en la búsqueda de soluciones a los retos comunes, y aquí el empoderamiento de las comunidades es crucial. Cuando la acción climática se enfoca en la escala local, los resultados y beneficios repercuten en el propio territorio, disminuyendo la vulnerabilidad de sus habitantes, haciéndolo más habitable, resiliente y sostenible.

En República Dominicana ya hay municipios que han desarrollado medidas de adaptación climática. Coméntenos, ¿cuáles son y cómo ha sido ese proceso guiado por el Consejo Nacional para el Cambio Climático? 

En República Dominicana, contamos con Planes Municipales de Adaptación Climática en el Distrito Nacional, Santiago, San Pedro de Macorís, Las Terrenas, y Barahona; municipios que están participando en el proyecto Inclusión de la adaptación en la planificación local. 

Como punto de partida se hizo un diagnóstico de las necesidades y capacidades de los ayuntamientos para planificar su adaptación al cambio climático. A partir de ahí se puso en marcha una estrategia de acción según los temas prioritarios para el municipio, con acciones que van desde capacitaciones técnicas hasta apoyarles en la incorporación de medidas de adaptación en los Planes Municipales de Desarrollo y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial. 

En esto, juega un papel sumamente importante la sensibilización a fin de lograr el involucramiento efectivo de actores relevantes en los municipios. El objetivo final es que la adaptación al cambio climático sea un tema transversal en las políticas, planes y proyectos implementados por los gobiernos locales. 

¿Cuáles han sido los resultados del esfuerzo, liderado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), de incluir las acciones ante el cambio climático como un eje transversal de las políticas de gobierno?  ¿De qué manera influye esto en la recuperación económica del país tras la pandemia?

El MEPyD, desde su dirección de Ordenamiento Territorial, y más específicamente, de su departamento de gestión de riesgo y cambio climático, está haciendo un gran esfuerzo para lograr introducir acciones importantes dentro de la planificación sectorial en cada plan estratégico institucional para cada ministerio, a través de indicadores y metas específicas.

Con relación a la recuperación económica del país post pandemia es fundamental introducir las variables de mitigación y adaptación al cambio climático para programarse en los distintos niveles del Estado.

Esto permitirá asegurar una recuperación económica sostenible, a fin de prever los posibles impactos producto del cambio climático. Si no tenemos que gastar en infraestructuras con daños o colapsadas por fenómenos atmosféricos extremos, podemos invertir en otras áreas.

Si tenemos una agricultura sostenible, se reducen las importaciones y los productos se vuelven más accesibles, lo que se traduce en una mejora de la calidad de vida de la población. 

Frente a otros países de la región, ¿Está República Dominicana bien encaminada a convertirse en un país más sostenible? ¿Qué experiencias de otros países son ejemplo para nosotros? 

Conocer las distintas prácticas es muy valioso. Como país estamos abiertos a cualquier proceso del cual podamos aprender y aportar tomando en cuenta el camino recorrido.

Emitimos el decreto 541-20, que crea el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación de los Gases de Efecto Invernadero de la República Dominicana, con el objeto de contabilizar las emisiones y ejecutar acciones de mitigación para garantizar el financiamiento orientado a impulsar acciones climáticas. 

En este año la República Dominicana fue el país anfitrión de la Semana Virtual del Clima de Latinoamérica 2021, donde pudimos conocer los avances de otros países de la región y cada uno de los participantes expuso sus metas. 

Desde su punto de vista, ¿Qué políticas y estrategias son necesarias implementar para reforzar e impulsar la lucha contra el cambio climático en RD? 

Nuestro país actualizó en diciembre de 2020, su Contribución Nacionalmente Determinada, frente al Acuerdo de París, estableciendo metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero en por lo menos un 27%, con relación a las emisiones del año de referencia (2010). El 7% de esas reducciones no estarán condicionadas a la recepción de cooperación internacional, por lo que implican un compromiso incrementado por parte del Gobierno y el sector privado nacional. 

Para lograr estas metas, será necesaria la implementación eficiente de un plan de acción, el cual se encuentra en proceso de actualización, y que tendremos completado en noviembre de este año. 

De igual manera, el Consejo, por mandato expreso del Decreto 541-20, emitido por el presidente Luis Abinader en octubre de 2020, está desarrollando el Sistema de Transparencia Climática, que permitirá el monitoreo, reporte y verificación de los gases de efecto invernadero, el monitoreo y evaluación de las acciones de adaptación, el registro de los proyectos de acción climática y el cumplimiento de la NCD (NDC tracking), Contribución Nacionalmente Determinada por sus siglas en inglés. 

Por otro lado, el mandatario, quien también es Presidente del Consejo, dejó plasmada la intención de alcanzar la neutralidad climática al año 2050. En los próximos meses el Consejo estará desarrollando los trabajos para convertir este enunciado en su Estrategia Nacional de Largo Plazo. 

Todo lo anterior contribuirá al fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías, y la canalización y gestión del financiamiento climático, que respondan a las prioridades establecidas a partir de los objetivos climáticos, en alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana y la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible al 2030 plasmada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible Globales. 

Desde una perspectiva de adaptación al cambio climático necesitamos fortalecer las políticas y estrategias existentes y crear las que sean necesarias para el óptimo desarrollo de los sectores prioritarios como son: seguridad hídrica, seguridad alimentaria, salud, turismo, ciudades resilientes, biodiversidad, ecosistemas y bosques.